Delito fiscal en pymes: ¿Cuándo se convierte en delito penal?
Delito fiscal en pymes: ¿Cuándo se convierte en delito penal? El delito fiscal en pymes es una cuestión crítica que puede acarrear graves consecuencias legales tanto para la empresa como para sus administradores. Es esencial comprender en qué momento una infracción tributaria se convierte en un delito penal y cómo prevenirlo.
¿Cuándo una infracción fiscal se convierte en delito penal?
Según el artículo 305 del Código Penal español, se considera delito fiscal cuando la cuantía defraudada supera los 120.000 euros por ejercicio fiscal y por tributo. Además, debe existir una intención clara de defraudar, como la ocultación de ingresos o la manipulación de la contabilidad.
En el caso de las pymes, es crucial prestar atención a estos aspectos para evitar incurrir en responsabilidades penales.
Tipos de delito fiscal y sus consecuencias
El Código Penal distingue entre el tipo básico y el tipo agravado del delito fiscal:
-
Tipo básico: Cuando la cuantía defraudada supera los 120.000 euros. Las penas incluyen prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la cantidad defraudada.
-
Tipo agravado: Se aplica cuando la cuantía defraudada excede los 600.000 euros, se comete en el seno de una organización criminal o se utilizan medios para dificultar la identificación del responsable. Las penas aumentan a prisión de dos a seis años y multa del doble al séxtuplo de la cantidad defraudada.
Responsabilidad penal de la empresa y sus administradores
Desde la reforma del Código Penal en 2010, las personas jurídicas pueden ser penalmente responsables por delitos cometidos en su beneficio por sus representantes legales o empleados. Esto incluye delitos fiscales, lo que significa que tanto la empresa como sus administradores pueden enfrentarse a sanciones penales.
Las sanciones para las personas jurídicas pueden incluir multas, disolución de la sociedad, suspensión de actividades, clausura de locales y prohibición de obtener subvenciones o ayudas públicas.
Prevención y regularización
Es fundamental que las pymes implementen programas de cumplimiento normativo (compliance) para prevenir delitos fiscales. Estos programas deben incluir políticas y procedimientos adecuados, formación del personal y sistemas de control interno.
Además, la regularización voluntaria de la situación tributaria antes de que la administración inicie actuaciones puede evitar la responsabilidad penal. Esto implica el reconocimiento y pago de la deuda tributaria, junto con los intereses y recargos correspondientes.
En RZS Abogados somos especialistas en Derecho Penal con más de 25 años de experiencia, por ello te animamos a que nos contactes en el 915 433 123 o en el correo electrónico [email protected], así como a través de nuestro formulario de contacto donde puedes explicarnos tu caso y te contactaremos a la mayor brevedad.
